En España hay unos 35.000 niños, niñas y jóvenes tutelados que viven bajo el amparo del sistema de protección de menores. Un 46,9% de estos jóvenes acceden a la vida adulta en situación de precariedad, agravada por la falta de apoyo familiar. Su tasa de abandono escolar prematuro llega al 75% en algunas comunidades autónomas, lo que aumenta su riesgo de exclusión una vez abandonan el sistema.
Jóvenes e Inclusión ha alertado esta mañana de la necesidad de ampliar la protección a la juventud ex tutelada hasta los 25 años. Así se desprende de su investigación titulada Jóvenes que construyen futuros: de la exclusión a la inclusión social, realizada en conjunto con cuatro universidades y presentada hoy en el INJUVE.
El estudio indica que casi la mitad (el 46,9%) de estos jóvenes realizan el salto a la vida independiente en situación de precariedad. Por eso Jóvenes e Inclusión ha presentado una batería de medidas que elevará a las comunidades autónomas – las competentes en materia de protección de menores – para reducir el riesgo de exclusión de la juventud sin apoyo familiar. Cinco jóvenes ex tutelados han expuesto estas demandas al contar sus experiencias de emancipación tras haber pasado por el sistema de protección de menores.
La juventud más vulnerable
La juventud española de entre 16 y 29 años constituye la franja de población con mayor riesgo de pobreza y exclusión: la tasa ha aumentado hasta el 38,2% en 2015 (Tasa AROPE), casi dos puntos más que en el año anterior. Dentro de esta franja, la juventud tutelada y ex tutelada presenta una vulnerabilidad aún mayor.
En España hay unos 35.000 niños, niñas y jóvenes tutelados que viven bajo el amparo del sistema de protección de menores. Un 46,9% de estos jóvenes acceden a la vida adulta en situación de precariedad, agravada por la falta de apoyo familiar.
Mientras la edad media de emancipación en España se sitúa en los 29 años, los y las jóvenes tutelados deben salir al mundo nada más cumplir la mayoría de edad. Y deben afrontar el vértigo de emanciparse sin el apoyo que da una familia.
Además, su acceso al mercado de trabajo está muy lastrado por su falta de formación. Más de la mitad de los chicos y chicas que han vivido en centros residenciales de protección no han logrado el título de la ESO. En algunas comunidades autónomas, como Madrid o Galicia, su tasa de abandono escolar prematuro llega hasta el 75%. Esta circunstancia aumenta seriamente el riesgo de pobreza y exclusión de su vida futura.
Medidas para una igualdad real de oportunidades
Además de las organizaciones que integran Jóvenes e Inclusión, en la investigación presentada hoy han tomado parte cuatro universidade: UNED, Universitat de Girona, Universitat de Illes Balears y Universidade de Santiago de Compostela.
El proyecto ha analizado los programas de apoyo a la emancipación de la juventud tutelada que se desarrollan en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares y Galicia. Sus resultados arrojan las necesidades siguientes:.
- Es necesario ampliar la protección de la Juventud tutelada hasta los 25 años de edad. Mientras que ciertas autonomías ya cuentan con programas que prolongan el apoyo varios años más allá de la mayoría de edad, otras todavía abocan a estos jóvenes a la emancipación forzosa nada más cumplir los 18 años.
- El apoyo que recibe una chica o chico ex tutelado en Cantabria no puede ser distinto del que recibe otro joven que vive en Madrid o Andalucía. Por ello es necesario crear un marco legal que garantice la protección de la juventud ex tutelada y una normativa común para todas las CCAA.
- Contar con buenos programas de apoyo a la emancipación aproxima a la juventud tutelada a una igualdad real de oportunidades. En las autonomías donde se desarrllan programas de este tipo, como Galicia, Cataluña o Baleares, se minimiza la desventaja social de estos chicos y chicas con respecto a la juventud que sí cuenta con apoyo familiar.
- Es imprescindible poner en marcha políticas educativas específicas para frenar el abandono escolar prematuro de los y las jóvenes tutelados. Para la gran mayoría de ellos, las opciones de inserción laboral se ven gravemente reducidas debido a su baja cualificación educativa.
- Hace falta seguir promoviendo en España una cultura de comunidades inclusivas para aumentar la red social de apoyo de cada uno de estos jóvenes: escuela, barrio, servicios sociosanitarios, mentores voluntarios e incluso empresas locales implicadas en su desarrollo e integración social.
